La Asociación de Abuelas y Abuelos por la Custodia Compartida, ASACCO, de Cataluña, Informa a la prensa y a la ciudadanía que han procedido a denunciar ante la Fiscalía General del Estado y ante el Tribunal Supremo a D. José Luis Rodríguez Zapatero y a los miembros y miembras de su gobierno durante la legislatura 2004 a 2008, por la comisión de presuntos delitos GENOCIDIO, CRIMENES DE LESA HUMANIDAD Y LESIONES por el impulso y aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que según su artículo primero establece que ”La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.
Entendiendo esta asociación que una ley que solo persigue a una parte de la ciudadanía, en cuanto sólo persiguen a los ciudadanos varones residentes en el Estado Español, puede estar incardinada dentro de lo prohibido por los art. 607, bis del Código Penal Español, del artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, así como los artículos 1º de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el artículo 2 de Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, ambos de las NN.UU., es por lo que ha procedido a interponer la denuncia correspondiente.
Asimismo, ASACCO informa que podrá en conocimiento del Tribunal de la Haya y de la Corte Penal Internacional estos hechos, que han provocado que desde la aprobación de la ley en 2004, mas de 500.000 hombres hayan sido denunciados falsariamente o sin fundamento en el estado español, y se les haya aplicado protocolos de actuación policial similares a los aplicados por los Estados totalitarios, tanto en el presente como en el pasado.
ASACCO hace un llamamiento a toda la ciudadanía que entienda que haya sido perjudicada en sus derechos humanos, civiles y políticos por la aplicación directa o indirecta de esta LO 1/2004, a fin de que se sumen a esta iniciativa para poder depurar las responsabilidades de los políticos y las políticas implicadas en estos actos degradantes para parte de la ciudadanía de este país.
Barcelona 28 de octubre de 2011.-
La Fiscalía Superior de Andalucía, con sede en Granada, se ha mostrado disconforme con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ha condenado al juez de Familia de Sevilla Francisco Serrano a dos años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por prevaricación culposa y estudia actualmente si anunciar o no recurso al fallo.
Según ha informado el fiscal Arturo Gómez Pardo, que defendió la posición del Ministerio Público en el juicio que se celebró en el Alto Tribunal Andaluz la pasada semana, la Fiscalía Superior dispone de cinco días hábiles, a contar desde este 14 de octubre, para anunciar la interposición de recurso, si bien será la Fiscalía del Tribunal Supremo quien tiene la última palabra al respecto.
Así, independientemente de lo que decida la Superior, la del Supremo es la que tiene que elaborar, en su caso, el recurso contra el fallo del TSJA, que se notificó este jueves a las partes. "No sería la primera vez que nosotros anunciamos un recurso que después la Fiscalía del Supremo no presenta al entender que no tiene suficientes elementos para interponerlo", ha señalado Gómez Pardo.
Sobre el contenido de la sentencia, el fiscal ha afirmado que el Ministerio Público "no puede estar conforme" con los argumentos que en ella se exponen puesto que, pese a que en un principio solicitaba 10 años de inhabilitación para el juez, el transcurso del juicio le llevó a modificar sus conclusiones hasta pedir la libre absolución. No obstante, Gómez Pardo ha precisado que, de las tres posibilidades que se ofrecían al tribunal, la sentencia se decanta más con lo expuesto por la Fiscalía.
"Es la posibilidad que más se acerca a nuestro criterio, puesto que se ha considerado que los hechos se enmarcan en una prevaricación culposa, aunque nosotros entendíamos que la resolución dictada --por la que el juez Serrano modificó el turno de custodia a un menor para garantizar su salida en una procesión de la 'Madrugá' sevillana-- podría ser alegal pero no manifiestamente injusta, como finalmente sí ha estimado el tribunal", sostiene Gómez Pardo.
En lo que se refiere al indulto parcial que el TSJA acuerda solicitar al Gobierno para rebajar la pena impuesta al procesado a seis meses de inhabilitación, el fiscal considera este extremo "cuando menos chocante".
Además, preguntado por el voto particular que ha formulado el magistrado Jorge Muñoz, que defiende "su íntima convicción en la inocencia" del juez de Familia, Gómez Pardo considera que, aunque no ha tenido mucho tiempo para poder analizarlo en profundidad, sí que se asemeja "muchísimo" a la posición del Ministerio Público, en tanto "que hace algunos reproches al juez por falta de diligencia, pero entendiendo que la resolución no es manifiestamente injusta".






