martes, 25 de septiembre de 2012

FADIE y Canarias diseñan un plan de acción nacional para reivindicar al gobierno la ansiada ley de custodia compartida

Ronda, 21 de septiembre de 2012



La Federación Andaluza para la Defensa de la Igualdad Efectiva (FADIE) y la Federación Canaria por la Custodia Compartida (FCCC) convocaron en el día de hoy una reunión en Ronda con el fin de aunar esfuerzos para exigir al Gobierno la ansiada Ley de Custodia Compartida, que fue anunciada por el Excmo. Ministro de Justicia, D. Alberto Ruiz Gallardón, en el Congreso de los Diputados el pasado mes de Junio. A esta reunión asistieron 30 miembros de las dos federaciones antes reseñadas, así como representantes de la Plataforma Ciudadana por la Igualdad (PCI), y abogados de familia y psicólogos forenses de reconocido prestigio, diseñando entre todos, un plan de acción común a realizar en los próximos meses con el fin de que la nueva legislación contemple la custodia compartida como un derecho del menor a seguir manteniendo intactas sus figuras paterna y materna y no como en la actualidad, donde en más del 90% de los casos, se ven privados de una de ellas, principalmente, el padre.

Entre los acuerdos adoptados, se decide promover la conciliación, lo que implica reformular hacia la mediación familiar la función de los equipos psicosociales adscritos a los juzgados de familia. Divorciarse no implica tener que cuestionarnos QUIÉN de los dos padres es el más idóneo para la crianza, sino de qué manera van a continuar ejerciendo la custodia compartida de los hijos. Las singularidades de cada familia pueden llevar a preguntarnos sobre CÓMO se van a continuar compartiendo las responsabilidades, sin que ninguno de los dos quede desposeído del derecho-deber de custodia.

Otro de los acuerdos alcanzados está encaminado a defender el interés superior del menor, es decir, que éste se identifique como su derecho a relacionarse con ambos progenitores de modo regular, así como a la obligación que tienen éstos de ejercitar la corresponsabilidad parental. En esos mismos términos se han posicionado por el momento más de 400 ayuntamientos de toda España, que representan a más de 10 millones de ciudadanos censados, a través de mociones impulsadas por la Unión Estatal de Federaciones y Asociaciones por la Custodia Compartida.

De esta manera, se acuerda un plan de acción, firmado, hasta el momento por 28 asociaciones, para los próximos tres meses (fecha límite anunciada por el Ministro de Justicia para presentar el proyecto de ley), con el que se pretende velar porque el articulado de la nueva ley sea serio y consistente y permita que la custodia compartida sea, de manera general, la opción de la que se beneficien los menores ante la separación de sus progenitores, derecho que se contempla en todas las convenciones y tratados internacionales. En este sentido, nos preocupa el margen que la futura ley pueda dejar al juez para impedir el mantenimiento de la custodia compartida. La pérdida de la custodia para alguno de los progenitores debe estar sustentada en una constatación fehaciente y objetiva de que la convivencia del hijo con dicho progenitor resulta perjudicial para su desarrollo.

En resumen, se hace hincapié en que, además de eliminar la excepcionalidad con la que el Código Civil contempla actualmente la custodia compartida, es necesario que ésta se reconozca como un derecho fundamental de los hijos a continuar compartiendo su día a día con sus dos padres, así como un conjunto de obligaciones que éstos deben continuar ejerciendo.

Federación Andaluza para la Defensa de la Igualdad Efectiva, (FADIE).
Junta Directiva

Jose A. Caparrós                             Anibal Moreno
Presidente FADIE                      Secretario General FADIE

martes, 11 de septiembre de 2012

Pierde el juicio tras 26 dias en huelga de hambre por la custodia de sus hijos

Uno de los tres padres que acampó ante la Audiencia no obtiene la custodia compartida y deberá pagar una pensión pese a ser un parado sin prestación


De nada le han servido los 26 días en huelga de hambre que permaneció ante la sede de la Audiencia Provincial de Cádiz en demanda de la custodia compartida; ni tampoco la reciente resolución del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que le reconocía haber sido víctima de un funcionamiento anómalo del sistema judicial por retrasos injustificados en el procedimiento de divorcio que mantiene desde 2009. Este padre chiclanero, que reclamaba compartir la custodia de sus dos hijos de 4 y 8 años con su expareja, ha perdido su batalla legal en primera instancia. El juzgado de Chiclana nº 3 ha dictado sentencia que mantiene la custodia a la madre, fija el pago de una pensión alimenticia para el padre y reduce el tiempo de visita del progenitor.
La asociación Custodia Compartida de Cádiz (APIF) -colectivo al que pertenece José Antonio Caparrós- critica duramente el dictamen judicial, aunque no se muestra sorprendida porque asegura que vaticinaba su contenido: «Este padre, como tantos otros en España, cuando se salen del tiesto de la senda judicial marcada se castiga de forma cruel y sin valoración positiva para los menores».
El progenitor defendió en el juicio celebrado a finales de julio que él disponía de más tiempo que la madre para la atención de los pequeños porque es un parado de larga duración mientras que su exmujer trabaja. Y además, debido a la situación económica por la que atraviesa, el pago de una pensión alimenticia le supone una obligación a la que no puede hacer frente ya que lleva dos años desempleado sin cobrar prestación alguna: «No es lógico que mientras la madre no puede hacerse cargo de los menores por su trabajo, a mí se me niegue el derecho a atenderlos frente a las atenciones de la abuela materna, siempre loable, pero en ningún caso sustituible de una atención paterna», indica un comunicado de la asociación APIF en el que recogen declaraciones de Caparrós.
La lectura que hace el colectivo al que pertenece este gaditano sobre la sentencia dictada por una jueza, que está de refuerzo en el nº3 de Chiclana, es en clave revanchista dado que el CGPJ le reconoció al padre haber sido víctima de un funcionamiento anómalo de la Justicia; si bien, el Consejo no hace reproches a la labor de la jueza. Ya antes de celebrarse la vista oral del divorcio, esta asociación advertía que su miembro podía ser víctima de «una posible parcialidad en la sentencia» por haber logrado poner en entredicho el funcionamiento del juzgado chiclanero.
Víctima del sistema judicial
La resolución, conocida en mayo, indicaba que en el procedimiento se habían producido varias suspensiones de la vista donde debía resolverse el divorcio -que finalmente se celebró a finales de julio, dos meses después de conocerse este dictamen- y que éstas obedecían a dilaciones indebidas. «Han originado un perjuicio que el actuante no tiene obligación de soportar, con independencia de cuál sea la coyuntura del órgano judicial, la situación de carga de trabajo y el número de asuntos pendientes». El CGPJ, además, exoneraba al padre de haber sido responsable de un procedimiento tan largo en el tiempo (arrancó en 2009), calificando su actuación de «diligente».
José Antonio Caparrós planteaba en su reclamación una indemnización por daños morales y la cifraba en cuatro millones. El informe favorable del órgano de gobierno de los jueces abre la puerta al cobro, pero es el Ministerio de Justicia el que debe determinar si cabe indemnización o no y la cantidad definitiva.
Desde APIF anuncian no solo el recurso ante la Audiencia Provincial contra la sentencia de divorcio dictada en primera instancia; también estudian iniciar acciones legales contra el ministerio o el CGPJ porque no entienden cómo hay recursos para que un juzgado de primera instancia «dicte sentencia el mismo día de la vista».
http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20120911/cadiz/pierde-juicio-tras-dias-20120911.html